¿Estado de excepción?

El gobierno de Mariano Rajoy acaba de optar por la aplicación más dura del artículo 155 de la Constitución: destitución de Carles Puigdemont, Presidente de la Generalitat de Cataluña, y de todos los Consellers, y elecciones en 6 meses.

Esta decisión se produce tras una semana de intensos intercambios epistolares entre el Govern catalán y el ejecutivo de Rajoy en los que se expresó la voluntad de diálogo por parte de Puigdemont y la negativa a hacerlo en un marco de “ilegalidad” por parte gobierno. En este juego más de tira que de afloja, el gobierno catalán (la derecha liberal de la ex Convergencia) ha intentado sortear las presiones internas de sus socios (ERC, Ezquerra republicana y la CUP) favorables a la DUI (Declaración unilateral de independencia) y ganar tiempo a favor de una solución pactada. Y de salvar a su propio partido.

El periódico eldiario.es titulaba: “Puigdemont eligió a Colau antes que a la CUP”.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona (En Comù), en una declaración institucional poco antes del 10 de octubre, hacía un llamamiento al govern y al ejecutivo. A Puigdemont le pedía que no declarara la independencia y a Rajoy que no aplicara el 155.

El viernes 20, el mismo President terminó aceptando que no hubo declaración. Sin embargo, el ejecutivo de Rajoy, arropado por Ciudadanos y el PSOE acabó dando luz verde a la intervención de la autonomía.

En medio de este clima de tensión ha habido marchas tanto del sector independentista como del unionista (con autobuses fletados de Valladolid o Toledo para llenar las calles de BCN), hay dos presos políticos, cantidad de empresas que han cambiado su sede social ante la incertidumbre y gracias a un real decreto ley de carácter urgente recién aprobado. Y un Partido Popular que ha conseguido desviar la atención hacia Cataluña y que pase así desapercibido el vaciamiento de la hucha de las pensiones, el aumento de la deuda pública y los más de 800 cargos de su partido implicados en tramas de corrupción, entre otras lindezas.

Pedro Sánchez ganó las primarias de su partido, el PSOE (que como bien dijo Gabriel Rufián, diputado de ERC, poco tiene de socialista y mucho menos de obrero) con el estandarte de la plurinacionalidad de España, en contra de lo que abogaba su contrincante Susana Díaz. El deseo de que pudiera presentar una moción de censura, desbancar al gobierno de Rajoy y sentarse a debatir seriamente sobre la crisis de Cataluña era una ilusión, pero lo que ha hecho es una auténtica traición, sobre todo hacia sus bases. PP, PSOE y Ciudadanos cierran filas para que nada cambie: ni el bipartidismo herido de muerte, ni el debate acerca de la monarquía. Si algo podía representar el desafío catalán era una oportunidad para pactar otro modelo de país, más que una independencia tirada de los pelos por parte de un partido que aplicó las mismas políticas de recortes y austeridad que PP y PSOE y que, al igual que éstos, está manchado de casos de corrupción.

La última esperanza es que la ciudadanía, no sólo de Cataluña, vuelva a llenar las calles como en el 15M (Indignados) al grito de “No nos representan”.